Al revisar la historia en Latinoamérica, se observa que las culturas originarias mantenían una relación fundamental con el agua que, además, constituía una parte importante de sus cosmovisiones. En Mesoamérica, la cultura Mexica mantenía culto con el dios Tlaloc, dios de la lluvia, el agua y la fertilidad, una deidad meteorológica que mandaba no sólo lluvia benéfica que hacía crecer las plantas, condición necesaria para la agricultura, sino también el granizo que podía destruir las cosechas y la ausencia total de agua en la estación seca que, año a año se vive en la región (Broda, 1981). Para la cultura Maya, el respeto al agua era fundamental y determinaba su vida cotidiana “el agua no se malgasta, se utiliza sólo según la necesidad, y cuando ha limpiado algo, es decir cuando ya ha cumplido su cometido, se la tira con cuidado y respeto” (García, 2016). Para los Kuna Yala, cultura que habitaba en la costa caribe de Panamá, hasta la frontera sur con Colombia, el agua es la leche materna que la Madre Tierra ofrece a diario a la humanidad, animales y plantas; un elemento esencial para purificar al ser humano de errores y pecados, darle energía a los recién nacidos, acompañar a las niñas en el tránsito para ser mujeres, etc. (CEPAL, 2013). En el mundo andino, los Incas entendían que el agua era el elemento más importante, esencia de la vida misma que fundamenta el origen de los pueblos, los derechos, las tradiciones y determinante para organizar estructuras políticas, económicas y urbanas (Luján, 2020). La relación de los Mapuches con el agua se funda en el respeto y la sacralidad, siendo un componente de la Naturaleza esencial para mantener el equilibrio del territorio y la salud social e individual (BCN, 2015).

De esta breve revisión, es posible destacar que en el mundo prehispánico y en la perspectiva actual de los Pueblos Originarios, se valora el agua como un elemento esencial para la vida, la pureza, la economía y la organización política. Junto con ello, se menciona que es un elemento que requiere cuidados y que su falta es peligrosa para la subsistencia. No obstante, en una Latinoamérica neoliberalizada, la valoración y consecuente gestión del agua que prima al momento de tomar decisiones respecto de ella, es totalmente diferente. El agua, como parte de la Naturaleza, ha sido objeto de diversas valoraciones. En el contexto neoliberal, destaca la valoración instrumental, la cual se asocia a una visión utilitaria de la Naturaleza, donde el ser humano la considera en atención al beneficio, generalmente económico, que ella puede reportar (Franco da Costa, 2009). En suma, se observa al agua como un recurso (Gudynas, 2010). En este contexto, se ha establecido que la valoración instrumental de la Naturaleza, ha desencadenado la crisis ecológica, la presión sobre los ecosistemas y el extractivismo (Ensabella, 2016), temas que por desgracia se encuentran en la portada de lo que hoy es Latinoamérica.

La valoración instrumental del agua, ha propiciado su despojo social y utilización mercantil. En este sentido el extractivismo hídrico ha sido preponderante en Latinoamérica. Se ha definido extractivismo hídrico como la “extracción de recursos naturales destinados a su comercialización para el beneficio predominante de actores externos a los espacios intervenidos que produce impactos ambientales, sociales y económicos en los recursos hídricos y propicias reacciones opositoras además de desencadenar situaciones conflictivas que acarrean violencia.” (Kauffer, 2018). Sus principales efectos impactan en las poblaciones que utilizan el agua: falta de acceso al agua por sobreuso, falta de disponibilidad, mala repartición de derechos de uso, salud amenazada por contaminación, imposibilidad de realizar actividades tradicionales (agricultura campesina), entre otras (Kauffer, 2018).

En paralelo a los temas derivados de la valoración mercantilizada del agua, se debe considerar el fenómeno de cambio climático que se presenta en Latinoamérica. Algunos ejemplos: En Colombia hay disminución de los ríos Magdalena y Cauca. En Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela hay un rápido retroceso y derretimiento de glaciares andinos (CEPAL, 2020). En Chile, desde el año 2010 se presenta el fenómeno denominado “megasequía” ((CR2), 2015), observándose un déficit de precipitaciones de hasta un 80% durante el año 2021 en la ciudad de Santiago (Terram, 2021). En localidades como Monte Patria, Chile y La Montaña, Estado de Guerrero en México, sus habitantes han sido catalogados como migrantes climáticos, debido a la falta de agua en sus pueblos y la imposibilidad de continuar con su actividad económica principal, la agricultura (Arellano y Silva, 2020). Respecto a las proyecciones de la sequía en Latinoamérica, se espera aumento del número de días secos en el año, aumento de los índices de aridez, disminución de nieve y hielo y reducción en caudales de ríos (Martins, 2021)

En este contexto, la exigencia por la consagración de derechos humanos al agua en Latinoamérica resulta esencial. En el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Resolución 64/92 del año 2010 de la Asamblea General de las Naciones Unidad se reconoce el Derecho Humano al Agua, como aquel “derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, accesible y asequible para el uso personal y doméstico” (Granados, 2016). Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica (OEA, 2002). En este contexto, el Derecho Humano al Agua, debe cumplir con tres requisitos (Granados, 2016):